>>> Greenpeace México detectó E. coli en 13 de 17 muestras de agua y niveles de nitratos superiores a los límites de referencia en dos sitios. Mientras las comunidades mayas denuncian años de afectaciones y más de un año sin respuestas a sus demandas, exigen frenar nuevas granjas y garantizar agua limpia.
Alejandro Ruvalcaba.
MÉRIDA, YUCATÁN, 20/10/2026. —El agua que beben y utilizan comunidades mayas de Yucatán está en el centro de una denuncia que cuestiona la vigilancia ambiental y la respuesta de las autoridades: un estudio detectó bacterias fecales en pozos y cenotes, mientras los habitantes aseguran que sus reclamos llevan más de un año sin solución.
Los resultados presentados por Greenpeace México encendieron nuevamente las alertas sobre los riesgos de contaminación del acuífero y la cercanía de megagranjas porcícolas a localidades que dependen del agua subterránea. Para las comunidades, el problema no se limita al deterioro ambiental: también compromete la salud, el sustento familiar y la permanencia de sus formas tradicionales de vida.
Durante una conferencia, integrantes de la Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya, el colectivo To’one Ja’o’on —Somos Agua— y Greenpeace exigieron a las autoridades federales actuar ante lo que consideran una crisis que no ha recibido la atención necesaria.
Bacterias fecales en 13 de 17 muestras
Ornela Garelli Ríos, directora de campañas de Greenpeace México, explicó que durante agosto de 2026 se recolectaron muestras en 17 puntos de agua, entre pozos de uso doméstico y agrícola y algunos cenotes, en Kinchil, Sitilpech, Motul, Chocholá, Molas, Celestún y San Antonio Tedzidz.
El estudio combinó el monitoreo ciudadano comunitario con análisis realizados por un laboratorio certificado, cuya cadena de custodia fue documentada para respaldar el procedimiento técnico.
Los resultados identificaron Escherichia coli en 13 de las 17 muestras, además de enterococos fecales y otros indicadores compatibles con contaminación fecal de origen animal. También se detectaron nitratos en la mayoría de las muestras.
Dos sitios, uno en Motul y otro en Chocholá, registraron concentraciones de nitratos superiores a los límites de referencia establecidos por la Organización Mundial de la Salud y las normas mexicanas, según lo expuesto por Greenpeace.
La muestra número 14, correspondiente a un pozo de Texán, en la localidad de Molas, presentó la contaminación más elevada del conjunto analizado. En ella se identificaron enterococos fecales, fósforo total, sólidos suspendidos y otros contaminantes.
“En conjunto los resultados de este análisis del agua muestran pues que existe una contaminación generalizada en estos sitios mostrados y pues es un ejemplo, ¿no? De la contaminación que existe en diversos puntos de la península”, afirmó Garelli Ríos.
La organización señaló que varios puntos de muestreo se encuentran a distancias de entre 300 metros y dos kilómetros de megagranjas porcícolas, por lo que consideró que los resultados contribuyen a documentar la posible responsabilidad de esta actividad en la contaminación del acuífero.
No obstante, las muestras corresponden únicamente a los sitios estudiados. Por sí solas no permiten determinar cuántos pozos están afectados en toda la entidad ni atribuir cada contaminante a una instalación específica. Para ello se requieren investigaciones adicionales y vigilancia ambiental permanente.
Esa limitación, sin embargo, no elimina la necesidad de investigar los hallazgos. La presencia de bacterias fecales en fuentes de agua utilizadas por las comunidades representa una señal de alerta que exige información pública, evaluación de riesgos y medidas preventivas.
“Nuestras aguas siguen contaminadas, siguen envenenadas”
Mientras los análisis aportan evidencia de contaminación en los sitios muestreados, las comunidades denuncian que las dependencias federales no han respondido de manera satisfactoria a sus reclamos.
Wilberth Nahuat Chalé, integrante del colectivo maya To’one Ja’o’on, aseguró que hace más de un año presentaron demandas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sin obtener, afirmó, una respuesta concreta.
“Le exigimos a la Profepa, a la Semarnat y al Conagua y sin embargo, no han hecho ni no nos han dado ni una respuesta”, declaró.
La denuncia apunta también a la falta de participación de los habitantes en las decisiones sobre las actividades industriales que se desarrollan cerca de sus comunidades.
“No nos toman en cuenta absolutamente en nada, toman decisiones solamente los gobiernos con las empresas porcícolas y eso para las comunidades mayas que somos nosotros no estamos de acuerdo con eso, queremos participar en esas decisiones que tomen los gobiernos”, expresó.
El reclamo es directo: las autoridades deben explicar qué han investigado, cuáles son los resultados de sus inspecciones y qué medidas adoptarán para evitar que la contaminación continúe.
“Nuestras aguas siguen contaminadas, siguen envenenadas y los pueblos estamos desesperados por la situación que está pasando”, sostuvo Nahuat Chalé.
El activista también cuestionó el cierre de una granja en Santa María Chi, al asegurar que los cerdos fueron trasladados a otras comunidades mayas. Desde su perspectiva, esto no resuelve el problema si la actividad continúa en otros lugares sin garantías de protección ambiental.
“Pero qué pasa, no se fueron, siempre están acá en Yucatán. Los trasladaron a otras comunidades, también mayas. Entonces, ¿cuál es el problema? Seguimos siendo lo mismo, las aguas siguen siendo contaminadas”, afirmó.
Su testimonio refleja la preocupación de los pobladores ante la posibilidad de que las medidas adoptadas en una localidad solo desplacen el problema, en vez de atender sus causas.
Denuncian afectaciones al territorio y a la economía familiar
Carlos Llamá, habitante de Kinchil, sostuvo que la contaminación del agua debe entenderse dentro de un conflicto más amplio por el territorio, el deterioro de los montes y la presión sobre las actividades productivas de las comunidades mayas.
“Los nitratos y las bacterias coliformes en agua de Kinchil, Motul, Chocholá, Celestún no son accidentes ecológicos”, afirmó.
El habitante consideró que la instalación de granjas porcícolas cerca de las comunidades, sin una participación efectiva de sus habitantes en las decisiones, representa una vulneración de sus derechos colectivos.
“Las granjas porcícolas no operan en el aire, operan en nuestro territorio sin nuestro consentimiento e impuesto como acciones de desarrollo por las autoridades”, manifestó.
Llamá advirtió que los efectos ambientales pueden repercutir en la apicultura tradicional, actividad de la que dependen numerosas familias, además de comprometer el acceso al agua y la continuidad de sus prácticas comunitarias.
“Cuando contaminan el manto freático, no solo ponen en riesgo la salud humana, están afectando también nuestras actividades de sustento, afectan la apicultura tradicional de la que dependemos cientos de familias y amenazan nuestra existencia misma como comunidades indígenas”, señaló.
También destacó las consecuencias que, según dijo, enfrentan las mujeres mayas, quienes suelen depender de los pozos para las tareas domésticas y asumir buena parte del cuidado de las familias.
El activista acusó a las autoridades de atender los conflictos mediante trámites y acuerdos que no han generado soluciones suficientes para las comunidades. En particular, cuestionó las respuestas de la Secretaría de Gobernación, la Conagua y la Profepa, y pidió que las instancias judiciales consideren los derechos de los pueblos indígenas.
“Han administrado el conflicto desde escritorios de la Ciudad de México, han firmado convenios frente a nuestras espaldas”, denunció.
Sus señalamientos colocan bajo cuestionamiento la efectividad de la actuación gubernamental: si existen denuncias, muestras con indicadores de contaminación y reclamos comunitarios, los habitantes exigen que las dependencias expliquen qué acciones han realizado y cuáles serán los siguientes pasos.
Testimonios de enfermedad, sin una relación causal demostrada
Durante la conferencia, Nahuat Chalé relató que fue hospitalizado después de consumir agua de un pozo profundo de su comunidad y aseguró que recibió un diagnóstico de salmonelosis que afectó sus riñones.
“Tomé mi el agua de mi pozo y pues un pozo profundo. ¿Dónde fui a parar? Al hospital fui a parar”, contó.
El integrante del colectivo atribuyó su padecimiento al agua contaminada. Sin embargo, durante la presentación no se exhibieron expedientes médicos ni estudios epidemiológicos que permitan comprobar una relación causal entre el consumo de esa agua y su diagnóstico.
También se mencionaron dos fallecimientos por cáncer en Santa María Chi y casos de mujeres con cáncer de piel en Sitilpech, comisaría de Izamal. Los participantes no presentaron evidencia médica que permita vincular directamente esos padecimientos con la contaminación denunciada.
Por ello, aunque los testimonios reflejan la preocupación de los habitantes, la determinación de posibles causas requiere investigaciones sanitarias específicas. Los análisis de Greenpeace documentan indicadores de contaminación en las muestras examinadas, pero no establecen por sí mismos el origen de enfermedades individuales.
La falta de información sobre el número total de pozos afectados es otro de los pendientes. Greenpeace reconoció que no cuenta con una cifra general sobre cuántos pozos domésticos podrían estar comprometidos, lo que hace necesario ampliar el monitoreo para determinar la dimensión del problema.
Greenpeace exige frenar nuevas granjas y monitorear el acuífero
Ante los resultados, Greenpeace México exigió suspender la autorización de nuevas granjas porcícolas y evitar ampliaciones de las instalaciones existentes. También pidió a la Semarnat, la Profepa y la Conagua establecer un programa permanente de vigilancia de pozos y cenotes, en coordinación con las comunidades.
La organización reclamó que se garantice el derecho humano al agua limpia y a un medio ambiente sano, además de ofrecer información transparente sobre la calidad del agua y las acciones emprendidas para atender las denuncias.
Garelli Ríos llamó a que la sociedad civil de Yucatán y del resto del país conozca la situación y se sume a las exigencias. Consideró que la contaminación no debe verse como un problema exclusivo de determinadas comunidades, pues el acuífero es fundamental para el abastecimiento humano y el equilibrio ambiental de la península.
Por su parte, Llamá afirmó que los habitantes continuarán con sus acciones legales y sociales hasta obtener respuestas y garantías de protección para sus territorios.
“No se puede hablar de desarrollo cuando se titulan y entregan tierras ancestrales a cosas del sacrificio de los pueblos originarios”, sostuvo.
La exigencia de las comunidades va más allá de la presentación de informes: piden inspecciones, monitoreo constante, investigaciones sobre las posibles fuentes de contaminación y decisiones que permitan prevenir daños mayores. También demandan que las autoridades informen públicamente qué harán y en qué plazos.
“El agua no es una mercancía que se pueda envenenar a cambio de pagar multas simbólicas, sino que el agua es nuestro territorio, nuestra salud y nuestra memoria”, concluyó Llamá.
La denuncia deja un desafío para las autoridades federales: responder con información verificable y acciones concretas a las comunidades que dependen del acuífero. Mientras los habitantes esperan soluciones, los resultados de las muestras y los testimonios presentados refuerzan la urgencia de investigar la contaminación y garantizar que el agua utilizada por las familias sea segura.
