>>>Esto en medio de críticas por defensa de mantener los privilegios.
Alejandro Ruvalcaba.
MÉRIDA, YUCATÁN, 09/04/2026. — Con 21 votos a favor, el Congreso de Yucatán aprobó la minuta conocida como “Plan B”, enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en materia de fortalecimiento institucional, democracia y uso responsable de los recursos públicos.
La aprobación se dio por mayoría, con el respaldo de Morena, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y una diputada sin partido, mientras que 13 legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) votaron en contra, marcando una postura que fue interpretada por sectores como una defensa de estructuras y privilegios del pasado.
Previo a la votación, el Congreso se erigió en Constituyente y el presidente de la Mesa Directiva, Germán Quintal Medina, convocó a los legisladores a fijar postura.
Durante el debate, el diputado Alejandro Cuevas Mena (Morena) defendió la reforma al señalar que busca fortalecer la democracia y evitar el uso discrecional de los recursos públicos.
“Reconoce que una democracia sólida no solo se construye con elecciones, sino con mecanismos que permitan que los recursos públicos no se utilicen para mover intereses personales o políticos; la democracia no puede ser para sostener privilegios ni financiar desigualdades, cada peso se ejerce, debe de responder al interés colectivo, no a la promoción individual”, afirmó.
El legislador también recordó decisiones impulsadas por PRI y PAN en la pasada legislatura, como el aumento de 25 a 35 diputados locales —promovido por el priista Gaspar Quintal Parra con respaldo panista—, lo que evidenció, dijo, una lógica política orientada a preservar espacios de poder.
Además, ese cambio implicó una reconfiguración de distritos electorales por parte del IEPAC, en un contexto donde existía el riesgo de pérdida de representación para dichas fuerzas políticas. Genero un gasto público.
“En la anterior legislatura aumentaron de 25 a 35 diputados en el Congreso del Estado, como si la gente estuviera pidiendo a gritos más diputados, aumentaron hasta 15 los magistrados del Poder Judicial, hasta 15, y solo en ese año aumentó de más de 234 millones de pesos su presupuesto”, criticó.
Cuevas Mena subrayó que este tipo de decisiones reflejan una desconexión con las necesidades ciudadanas:
“Por eso, una democracia no se mide por el tamaño de su burocracia, ni cuánto gana, sino por su capacidad de responderle y servirle al pueblo, porque un gobierno legítimo no es el que se perpetúa, sino el que rinde cuentas, da la cara, y saluda al pueblo bueno y sabio, y porque el poder en una república democrática no se administra para unos cuantos, se ejerce para todos”, abundó.
En contraste, legisladores del PAN y PRI manifestaron su rechazo a la minuta. El diputado panista Roger Torres Peniche argumentó que la reforma implica riesgos de concentración de poder:
No obstante, dichas posturas contrastan con decisiones previas de ambos partidos que ampliaron estructuras y presupuestos, lo que ha sido señalado como una contradicción frente a su discurso actual.
Por su parte, la diputada Larissa Acosta Escalante (Movimiento Ciudadano) respaldó la reforma, destacando la necesidad de frenar excesos en el gasto público:
“Votamos a favor porque reducir privilegios y ponerle un límite al derroche nunca va a ser un error (…) mientras millones de familias en este país hacen rendir cada peso para completar la comida, el transporte, la renta y los medicamentos, hay congresos locales que viven en otra realidad. Una realidad de privilegio, de burocracia inflada y de presupuestos que no responden a una explicación ética frente a la ciudadanía”, afirmó.
El debate dejó al descubierto dos visiones opuestas: por un lado, quienes impulsan la reducción de privilegios y el uso responsable de los recursos públicos; por otro, quienes, pese a sus antecedentes, hoy cuestionan una reforma que precisamente busca corregir excesos que durante años fueron tolerados e incluso promovidos.
