A.R.
MÉRIDA, YUCATÁN, 25/02/2026. —La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), María Guadalupe Méndez Correa, presentó su informe anual de actividades ante el Congreso del Estado, donde informó que durante el último año se emitieron 16 recomendaciones derivadas de presuntas violaciones a los derechos humanos en agravio de la ciudadanía.
Estas recomendaciones fueron dirigidas a 19 autoridades, a quienes se exhortó a dar cumplimiento a las medidas señaladas. Durante su mensaje, la presidenta subrayó que “la defensa de la dignidad de las personas no es una consigna, sino una práctica pública cotidiana.”
La ombudsperson, durante su informe ante los 35 diputados presentes, detalló que 33 años se visualiza una justicia restaurativa, en especial grupo o personas vulnerables que han sido objeto de la violación a sus derechos humanos.
“No se puede combatir desigualdades históricas sin información actualizada, la Encuesta Estatal de Discriminación lleva 11 años sin renovarse, lo que limita nuestra capacidad para diseñar políticas públicas eficientes”, dijo Méndez Correa.
La ombudsperson, advirtió que la entidad enfrenta un panorama crítico en materia de salud mental, discriminación estructural y desigualdad, al presentar un diagnóstico que, dijo, no puede minimizarse, ni tratarse como hechos aislados.
“Durante el 2025 Yucatán alcanzó el primer lugar en tasa de suicidio, esto no puede reducirse a una estadística, pues es una señal estructural que interpela nuestras políticas públicas, nuestros entornos escolares, laborales, familiares y comunitarios”, señaló.
Méndez Correa, subrayó que el problema exige una respuesta de fondo y no solo campañas informativas: “la salud mental debe abordarse como un desafío prevenible con enfoque intersectorial, perspectiva de género, interseccionalidad y presupuesto suficiente. No bastan los mensajes, necesitamos prevenir, reparar y acompañar”.
En el ámbito ambiental, advirtió que la vulnerabilidad climática de la región peninsular pone en riesgo derechos fundamentales. Señaló que la erosión costera, el crecimiento inmobiliario sin control y los megaproyectos demandan “mecanismos horizontales de diálogo con las comunidades, especialmente las racializadas como la maya y otros pueblos originarios”.
En materia laboral, consideró urgente garantizar oportunidades reales para grupos de atención prioritaria. Asimismo, sostuvo que las violaciones a derechos humanos no ocurren de manera fortuita.
“Las violaciones a los derechos humanos no ocurren por azar ni en el vacío, se producen dentro de sistemas históricos que han distribuido el poder, el reconocimiento y el acceso a derechos de manera desigual”, dijo la presidenta de la CODHEY
Afirmó que en la entidad persisten “discriminación culturales, institucionales, mediáticos e incluso legislativos que reproducen brechas de manera persistente”, por lo que la Comisión adopta la categoría de discriminación estructural para describir estas dinámicas.
“Su carácter estructural implica que no descansan únicamente en conductas individuales, sino en reglas y prácticas institucionales que normalizan la desigualdad. Y si las causas son estructurales, la respuesta es también de vencerlo”, puntualizó.
Respecto a los derechos de las mujeres, señaló que “el patriarcado continúa manifestándose en la violencia de género, el feminicidio, la criminalización de la protesta feminista y las resistencias frente a los derechos sexuales y reproductivos”. Si bien reconoció como avance la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, advirtió que su garantía efectiva requiere políticas públicas sólidas y eliminación del estigma.
También expresó preocupación por la desigual distribución del trabajo de cuidados, que limita la autonomía económica y política de miles de mujeres, especialmente aquellas racializadas.
Sobre la población LGBT+, indicó que persisten prácticas discriminatorias en ámbitos educativos, laborales y de salud: “las personas LGBT pertenecen a todos los espacios públicos y privados. Yucatán merece amor sin condiciones y derechos sin restricciones”.
En cuanto a las personas con discapacidad, señaló que continúan enfrentando barreras físicas y actitudinales, mientras que en el caso de quienes viven con VIH denunció prácticas discriminatorias y cuestionó la vigencia del delito de peligro de contagio en el Código Penal estatal.
“Es preocupante que en pleno 2026 el Código Penal de Yucatán mantenga el artículo de peligro de contagio, una disposición que constituye discriminación indirecta y que no tiene cabida en un régimen democrático y de derechos humanos”.
La presidenta de la CODHEY también abordó el racismo estructural en la entidad. “Comunidades mayas, población afrodescendiente y racializada enfrentan desigualdades persistentes en acceso a la justicia, salud, educación y participación política”, señaló, y advirtió que la invisibilización estadística y la falta de consulta cultural profundizan estas brechas.
Finalmente, llamó a transformar las condiciones que perpetúan la desigualdad. “Necesitamos transformar las condiciones estructurales que posibilitan la desigualdad. Debemos transversalizar el enfoque de igualdad y no discriminación, fortalecer la prevención mediante educación y transformación cultural, robustecer sistemas de información con datos desagregados y centrar las políticas públicas en la autonomía y participación activa de quienes han sido históricamente discriminadas”, concluyó
Números
La titular de la CODHEY señaló que en 2025 se documentaron 284 hechos presuntamente violatorios, entre los que destacan: prestación indebida del servicio público (83 casos), detención arbitraria (65), lesiones (52), amenazas o intimidación (25) y omisión de proteger la integridad personal (20), entre otros.
Precisó que la diferencia entre el número de quejas y el total de hechos se debe a que un mismo expediente puede contener más de una violación señalada.
En cuanto a autoridades involucradas, el informe señala que existen 52 instancias señaladas en los expedientes, siendo las más recurrentes la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (44 casos), la Fiscalía General del Estado (14), la Secretaría de Educación (9) y los ayuntamientos de Valladolid, Oxkutzcab, Timucuy y Tzucacab.
La presidenta informó que durante el año se realizaron 54 audiencias entre las partes, logrando conciliar con éxito 24 quejas con ocho autoridades. Además, la Comisión inició de oficio 11 expedientes relacionados principalmente con presuntos abusos de fuerza pública, fallecimientos en cárceles municipales y casos que involucran a adolescencias.
Con especial preocupación, Méndez Correa destacó que nueve quejas están relacionadas con la vulneración al derecho a la vida en cárceles municipales de Motul, Dzitás, Tzucacab y Dzan.
