>>>La diputada Neyda Pat Dzul advierte que la huelga, que supera cinco meses, trasciende lo laboral y afecta derechos humanos, por lo que propone acciones para apoyar a trabajadores y usuarios.
Alejandro Ruvalcaba.
MÉRIDA, YUCATÁN, 19/03/2026. —La diputada morenista Neyda Aracelly Pat Dzul presentó ante el Congreso de Yucatán un Punto de Acuerdo para atender el conflicto laboral que enfrenta el Nacional Monte de Piedad, al considerar que sus efectos trascienden lo administrativo y afectan directamente a las familias y a la sociedad.
Durante su intervención en tribuna, la legisladora subrayó que este tipo de problemáticas deben analizarse desde una perspectiva integral.
“Los conflictos laborales no son solamente asuntos administrativos o contractuales; también son asuntos de derechos humanos, de justicia social y de protección familiar”, expresó.
Detalló que la institución se encuentra en huelga desde el 1 de octubre de 2025, situación que se ha prolongado por más de cinco meses sin solución, afectando a cerca de 2 mil 300 trabajadores en todo el país y provocando el cierre de aproximadamente 300 sucursales.
Pat Dzul enfatizó que detrás de estas cifras existen impactos humanos profundos.
“Pero este Congreso no puede mirar esta realidad solo desde las cifras. Detrás de cada plaza laboral afectada hay una familia; hay niñas, niños y adolescentes; hay personas adultas mayores; hay mujeres trabajadoras que sostienen sus hogares”, señaló.
La legisladora indicó que el derecho al trabajo digno implica no solo contar con un empleo, sino garantizar condiciones de estabilidad, ingresos y bienestar. Asimismo, recordó que estos derechos están respaldados tanto por la Constitución como por instrumentos internacionales.
Advirtió que la prolongación del conflicto puede derivar en afectaciones directas a la dignidad de las personas.
“Cuando un conflicto de esta naturaleza se prolonga sin solución, no estamos únicamente ante una demora procesal: estamos ante una afectación material a la dignidad, a la seguridad de los hogares y a la estabilidad de familias enteras”, puntualizó.
También destacó que la problemática tiene un impacto diferenciado, especialmente en mujeres trabajadoras y en niñas, niños y adolescentes, debido a la afectación en ingresos familiares, acceso a servicios básicos y estabilidad cotidiana.
En el caso de Yucatán, señaló que la suspensión de actividades del Nacional Monte de Piedad también perjudica a la población usuaria.
“La parálisis del servicio no afecta solo a quienes laboran en la institución; también perjudica a personas usuarias que no pueden recuperar sus prendas o resolver necesidades urgentes”, explicó.
Ante este panorama, la diputada presentó tres líneas de acción: exhortar a las autoridades laborales federales a fortalecer el diálogo y la conciliación; solicitar al Poder Judicial de la Federación agilizar la resolución de los procesos; y promover un acompañamiento institucional para las familias afectadas.
Finalmente, Pat Dzul hizo un llamado a no permanecer indiferentes ante esta situación.
“Este Punto de Acuerdo no pretende sustituir a las autoridades competentes… lo que busca es que el Congreso no permanezca indiferente ante un conflicto que hoy ya tiene consecuencias laborales, familiares, sociales y humanas”, afirmó.
Y concluyó con un mensaje enfático sobre el impacto de la falta de resolución: “porque cuando la justicia tarda, el daño no se queda en los expedientes. Llega al hogar. Llega a la mesa. Llega a la escuela. Llega a la salud. Y llega, sobre todo, a la dignidad de las personas”.
