>>>Extrabajadoras lo acusan de desacato judicial y de incumplir acuerdos de Cabildo; las personas inconformes acudieron al Congreso de Yucatán para entregar la denuncia ciudadana.
A.R.
MÉRIDA, YUCATÁN, 04/11/2025. —Al correo electrónico de este medio de comunicación, llegó un mensaje, con relación de tres mujeres habitantes del municipio de Ucú, que presentaron ante la Oficialía de Partes del Congreso de Yucatán, una denuncia ciudadana de juicio político en contra del presidente municipal, Gener Pech León.
Al que acusan de incurrir en actos ilegales, desacato judicial e incumplimiento de acuerdos de Cabildo, lo que ha derivado en un grave perjuicio al patrimonio del Ayuntamiento.
Se especifica que las promoventes, son Lidia Alejandra Díaz Sosa, Elsa María Rodríguez Luna y Maricruz Dzul Aké.
Ella comparecieron mediante escrito formal en el que solicitan la intervención del Poder Legislativo conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán y la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, argumentando que el alcalde ha sostenido una conducta “ilegal y contumaz” que atenta contra las instituciones democráticas y el Estado de Derecho.
“Las extrabajadoras, representadas legalmente por el abogado Miguel Ángel Basteris Maldonado y con Elsa María Rodríguez Luna, como su representante común, explicaron que fueron despedidas injustificadamente de sus empleos en el Ayuntamiento de Ucú, motivo por el cual promovieron un juicio laboral ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial del Estado de Yucatán”, dice el mensaje.
Detalla que debido a un proceso que culminó en diciembre de 2021, el Tribunal dictó un laudo condenando al Ayuntamiento de Ucú al pago de 253 mil 040 pesos con 83 centavos, a cada una de las tres demandantes.
Es decir, un total de 759 mil 120 pesos. Sin embargo, a pesar de que se otorgó un plazo de quince días para el cumplimiento, el presidente municipal ignoró la sentencia y desobedeció la orden judicial, permitiendo que el adeudo creciera progresivamente hasta alcanzar el millón 425 mil 840 pesos, de acuerdo con los acuerdos judiciales más recientes.
“Según el documento presentado ante el Congreso, el propio Cabildo de Ucú acordó en sesión solemne del 25 de agosto de 2023 solicitar un préstamo al Congreso del Estado para liquidar la deuda laboral; sin embargo, el alcalde no cumplió con el mandato del órgano colegiado y tampoco ejecutó las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes”, dice el mensaje del correo.
El texto denuncia que incluso el presidente municipal habría intentado simular el cumplimiento del acuerdo de Cabildo, presentando oficios que carecen de sellos y firmas de recepción de las dependencias a las que supuestamente fueron dirigidos, entre ellas el Gobernador del Estado, la Secretaría de Administración y Finanzas y el propio Congreso del Estado, lo cual, sostienen, podría constituir una falsificación documental y fraude procesal.
En la denuncia se detalla que, por la omisión e indolencia del alcalde, el monto original del laudo prácticamente se duplicó, generando un daño directo al erario municipal y afectando el prestigio y la solvencia del Ayuntamiento.
“Su comportamiento rebasa los límites de la legalidad y la ética pública, al desobedecer tanto al Poder Judicial como al Cabildo del Ayuntamiento, violando sus obligaciones de proteger los recursos públicos y acatar la ley”, se lee en el documento.
Ante esta situación, las denunciantes solicitaron al Congreso del Estado de Yucatán que dé curso legal a la denuncia y determine la procedencia del juicio político en contra del presidente municipal, por violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, abuso de autoridad, daño patrimonial y desacato judicial.
