>>>El diputado Wilmer Monforte Marfil defendió una reforma para reparar el daño cuando no se paga la pensión alimentaria, pero el debate vuelve a exhibir un problema estructural que por años ha dejado a mujeres y niños enfrentando procesos largos, costosos y desgastantes.
Alejandro Ruvalcaba.
MÉRIDA, YUCATÁN, 11/03/2026. — En el Congreso de Yucatán se discutió una reforma en materia de pensión alimentaria que, de acuerdo con el diputado morenista Wilmer Monforte Marfil, busca fortalecer el acceso a la justicia para madres, niñas y niños que enfrentan el incumplimiento de esta obligación.
Sin embargo, el debate también volvió a poner sobre la mesa una realidad que durante años ha sido denunciada por mujeres: los largos procesos judiciales y los altos costos para exigir un derecho básico.
Durante su intervención en tribuna, el legislador de Morena sostuvo que la iniciativa pretende que cuando no se pague la pensión alimentaria en tiempo y forma, también se repare de manera integral el daño causado.
“Hoy este Congreso va a demostrar su vocación de justicia social”, afirmó al presentar el dictamen, el cual plantea que quien incumpla con esta obligación no solo pague el monto atrasado, sino también los gastos adicionales generados durante el proceso para exigir el cumplimiento, como préstamos, honorarios de abogados u otros costos.
El legislador reconoció que el tema de la pensión alimentaria tiene consecuencias directas en la vida diaria de miles de familias, particularmente en aquellas donde las madres deben asumir solas la responsabilidad económica de sus hijos mientras avanzan procesos legales que pueden tardar años.
“Cuando hablamos de pensión alimentaria no hablamos de un mero trámite, hablamos de la madre que tiene que pagar la renta, del uniforme escolar que se necesita comprar, de los medicamentos cuando una hija o un hijo se enferma y de la comida que debe haber en la mesa”, expresó.
A pesar del discurso legislativo, la problemática de las pensiones alimentarias sigue siendo una de las más recurrentes en los tribunales familiares, donde muchas mujeres deben enfrentar largos litigios para hacer cumplir una obligación que, en teoría, debería ser inmediata.
“Muchas mujeres han tenido que enfrentar una realidad muy injusta: litigar durante años para que se cumpla una obligación que debería ser inmediata y responsable”, admitió el propio diputado durante su intervención.
El legislador también reconoció que, incluso cuando finalmente se paga la deuda, el sistema legal suele limitarse al monto atrasado, sin contemplar las consecuencias económicas que el incumplimiento provocó durante meses o años.
“Muchas veces, cuando finalmente se paga la deuda, se paga solo el monto atrasado, pero nadie reparaba todo el daño que la deuda generaba”, señaló.
La reforma, según explicó, busca modificar ese enfoque para que la justicia no se limite únicamente al pago de lo adeudado.
“La justicia no se limita a pagar lo que se debía, también se tiene que reparar el daño que se causó por no cumplir con la obligación”, puntualizó.
No obstante, para muchas organizaciones y especialistas en derecho familiar, el problema no se limita a lo que establezca la ley, sino a la dificultad real para hacerla cumplir.
La falta de sanciones efectivas, la lentitud de los procesos y la carga económica que enfrentan las madres continúan siendo obstáculos frecuentes.
En ese contexto, Monforte Marfil defendió que la reforma busca enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad que implica el incumplimiento de la pensión alimentaria.
“Detrás de cada caso de pensión alimentaria hay historias reales, hay niñas y niños que esperan y madres que luchan todos los días para sacar adelante a sus familias”, expresó.
Sin embargo, más allá de las reformas anunciadas desde la tribuna, la discusión vuelve a evidenciar una deuda pendiente del sistema de justicia: garantizar que los derechos de niñas, niños y madres no dependan de años de litigios ni de la capacidad económica para sostener un proceso legal.
