>>> Una iniciativa del diputado Francisco Rosas Villavicencio plantea modificar tres artículos de la Ley de Tránsito y Vialidad para dar certeza jurídica al transporte de carga, obligar a las autoridades a impulsar la educación vial y garantizar que los ciudadanos reciban información clara sobre las multas que pueden convertirse en créditos fiscales.
Alejandro Ruvalcaba.
MÉRIDA, YUCATÁN, 04/11/2026. —Las multas no bastan para ordenar las calles, pero la falta de claridad en los procedimientos administrativos también puede convertirse en un problema para los ciudadanos. Bajo esa premisa, el PT presentó una iniciativa para modificar la Ley de Tránsito y Vialidad de Yucatán.
Durante la sesión de este miércoles en el Congreso del Estado, el diputado Francisco Rosas Villavicencio propuso reformar los artículos 3, 68 y 81 de dicha legislación, con tres objetivos: evitar interpretaciones que afecten al transporte de carga, establecer la educación vial como una obligación permanente y fortalecer la transparencia en el cobro de infracciones.
El legislador argumentó que el crecimiento del parque vehicular y el movimiento de mercancías obligan a actualizar las disposiciones estatales, pero advirtió que una regulación eficiente no debe convertirse en una carga adicional para quienes utilizan las vialidades ni en un instrumento que genere incertidumbre jurídica.
Transporte de carga: regular sin obstaculizar
Uno de los cambios propuestos consiste en adicionar la fracción XXII al artículo 3 para incorporar una definición general de vehículo de carga, que incluya automotores, remolques y semirremolques destinados principalmente al traslado de mercancías, bienes, materiales o residuos.
La intención es establecer criterios jurídicos claros para identificar estas unidades, independientemente de que operen bajo un régimen de transporte público, privado, estatal o federal.
Rosas Villavicencio aclaró que la propuesta no pretende imponer nuevos permisos, contribuciones o requisitos a quienes participan en el traslado de mercancías, sino evitar interpretaciones que puedan provocar obligaciones duplicadas o restricciones injustificadas.
“No estamos proponiendo nuevos permisos, nuevas contribuciones ni mayores obstáculos para quienes transportan las mercancías que mueven nuestra economía”, afirmó.
En ese sentido, defendió la necesidad de contar con disposiciones que permitan mantener el orden sin afectar la actividad económica.
“queremos una legislación que ordene sin obstaculizar, que regule sin duplicar y que brinde certeza jurídica sin frenar el desarrollo económico”, expresó.
Educación vial: más prevención y menos dependencia de las multas
El segundo planteamiento apunta directamente a la seguridad en calles y carreteras. La iniciativa propone adicionar un párrafo al artículo 68 para establecer que “la educación vial será obligatoria, permanente y con enfoque preventivo”.
El diputado consideró que la seguridad vial no puede descansar exclusivamente en operativos, infracciones y sanciones, sino que debe construirse mediante una política continua de formación ciudadana.
La propuesta contempla involucrar a estudiantes, automovilistas, operadores del transporte, motociclistas, ciclistas y peatones, con acciones orientadas a promover el respeto a los señalamientos, prevenir el exceso de velocidad, reducir las distracciones al conducir y fomentar el uso de dispositivos de protección.
“La seguridad vial no puede depender únicamente de multas, operativos o sanciones. Necesitamos construir una auténtica cultura de prevención”, manifestó.
Con esta modificación, el legislador busca que la educación vial deje de ser una acción complementaria y se convierta en una responsabilidad permanente dentro de las políticas de movilidad del estado.
Multas bajo la lupa: buscan mayor transparencia en los cobros
El tercer componente de la iniciativa se concentra en el artículo 81, relacionado con el procedimiento administrativo de las infracciones de tránsito.
La propuesta establece que, cuando una multa no sea cubierta dentro de los 15 días hábiles posteriores a su notificación y adquiera el carácter de crédito fiscal, la autoridad deberá informar al infractor mediante los canales oficiales de la Secretaría.
El objetivo, explicó Rosas Villavicencio, es evitar que los ciudadanos desconozcan oportunamente el estado de sus obligaciones y enfrenten procedimientos de cobro sin contar con información suficiente.
El diputado precisó que la modificación no pretende eliminar las sanciones ni abrir la puerta al incumplimiento de la legislación, sino garantizar que los procedimientos se desarrollen con apego a la legalidad y respetando el derecho de defensa de los ciudadanos.
“No se trata de eliminar las sanciones ni de fomentar el incumplimiento de la ley. Se trata de garantizar que las autoridades actúen con legalidad y que los ciudadanos cuenten con información clara sobre sus obligaciones”, sostuvo.
Al defender su propuesta, el legislador del Partido del Trabajo señaló que las tres modificaciones responden a una misma necesidad: construir un sistema de movilidad más seguro, ordenado y transparente, en el que las disposiciones legales protejan tanto a quienes transitan por las calles como a quienes participan en las actividades económicas.
La iniciativa fue presentada ante el pleno del Congreso para su análisis y discusión. De avanzar, implicaría cambios en la regulación del transporte de carga, la formación vial y los procedimientos relacionados con las infracciones de tránsito en Yucatán.
