A.R.
MÉRIDA, YUCATÁN, 05/12/2025. —La diputada Clara Rosales sostuvo un encuentro con integrantes de la comunidad autista de Yucatán, quienes expusieron sus necesidades y problemáticas, así como testimonios directos de personas diagnosticadas. La información recabada será considerada para la integración de la futura “Ley de Autismo del Estado de Yucatán”, actualmente en proceso de elaboración.
La reunión se llevó a cabo en el Congreso local, con la participación de organizaciones y ciudadanos. Entre los planteamientos presentados, se destacó que uno de los principales obstáculos continúa siendo el acceso a diagnósticos confiables, pues —de acuerdo con los asistentes— en ocasiones los procesos parecen responder más a intereses económicos que a un compromiso real por parte del sistema de salud.
Uno de los testimonios fue el de Diana Arceo, madre de una niña de 5 años con autismo grado 2 en el área social y del lenguaje, quien relató que obtener un diagnóstico certero y acceso oportuno a terapias se convirtió en “una travesía llena de dolor y carencias”. Durante su intervención, expuso la realidad que viven muchas familias con personas neurodivergentes en la entidad.
Arceo señaló que el diagnóstico de su hija Madeline se emitió en 2021, luego de presentar convulsiones febriles. A partir de entonces, un especialista recomendó realizar estudios para confirmar autismo, lo que representó un fuerte impacto emocional. “Fue un choque emocional para mí, para mi esposo y para toda la familia”, comentó.
El camino para obtener una valoración profesional, dijo, inició con experiencias negativas y costosas. Pagaron 7 mil pesos a un supuesto neuropsicólogo que nunca evaluó a la menor. “Solo nos evaluaron a nosotros como padres, nunca le aplicaron una prueba a nuestra hija; fue la primera pared con la que nos topamos”, afirmó.
A ello se sumaron comentarios desalentadores. Narró que le advirtieron, sin estudios serios, que su hija “nunca iba a hablar” y dependería permanentemente de un comunicador electrónico. “Esa falta de sensibilidad puede herir más que cualquier diagnóstico”, expresó.
Frente a la falta de opciones en la entidad, la familia viajó a Monterrey, donde finalmente obtuvieron un diagnóstico formal, con costos que oscilaron entre 6 mil y 10 mil pesos. Subrayó que estas evaluaciones deben repetirse varias veces durante la infancia temprana, por lo que el gasto es continuo. “Ese recurso, ¿de dónde sale? ¿dónde están las instituciones que nos puedan ayudar?”, cuestionó.
Arceo también profundizó en el gasto que representa el tratamiento. Cada sesión terapéutica tiene un costo de entre 500 y 700 pesos y se requieren al menos tres por semana. “Súmenle las cantidades, sin contar con apoyo que flexibilice el acceso a recursos”, señaló.
Refirió problemas adicionales en los servicios públicos. Narró que para ser atendidos en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) tuvieron que formarse desde madrugada. “Para la credencial nos tuvimos que formar desde las cuatro de la mañana y luego te dicen: en cinco meses te veo”, relató.
También habló de las barreras en el ámbito escolar. Su hija ha pasado por cuatro planteles educativos donde, aseguró, enfrentaron restricciones de ingreso y observaciones constantes. “Nos han dicho: ‘tu hija muerde, grita, no se integra, necesita monitora’. Solo aceptamos un niño con condición por salón porque así lo marca la matrícula”, expuso.
Arceo subrayó que muchas familias en Yucatán se sienten desamparadas ante un sistema “rebasado y sin estructura adecuada” para atender el autismo, por lo que exigió mecanismos accesibles, diagnósticos confiables y políticas públicas que garanticen educación adecuada y atención integral.
Este encuentro forma parte del proceso de Parlamento Abierto impulsado por las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social, y de Desarrollo Humano e Inclusión de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad.
Los asistentes coincidieron en que es urgente contar con políticas públicas capaces de generar comprensión social del autismo, promover inclusión en todos los entornos, asegurar atención digna e impulsar capacitación especializada en escuelas, dirigida a docentes y personal educativo.
