A.R.
MÉRIDA, YUCATÁN, 03/03/2026. — En el Congreso Yucatán, durante la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación aprobó el proyecto de dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado para reconocer de manera explícita el derecho a la salud mental y física, la soberanía y seguridad alimentaria, la alimentación nutritiva y el principio de no discriminación.
El proyecto integra iniciativas presentadas por diputadas y diputados de distintas fracciones legislativas, con el propósito de consolidar una reforma constitucional de carácter integral que fortalezca el marco de derechos humanos en la entidad.
Entre los principales alcances del dictamen se encuentra el reconocimiento del derecho a la salud mental como asunto de interés público; la incorporación del derecho a una alimentación suficiente, saludable y nutritiva; el fortalecimiento del principio de no discriminación; así como la armonización de disposiciones relacionadas con educación, desarrollo agropecuario y planeación estatal.
Durante el análisis, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, diputado Wilmer Manuel Monforte Marfil (Morena), resaltó la relevancia de garantizar el acceso a una alimentación auténtica y saludable, vinculada a la producción local y al fortalecimiento del campo yucateco.
Señaló que es fundamental generar condiciones para que las y los productores del estado puedan competir frente a los grandes capitales, y que desde el Poder Legislativo se continúe impulsando políticas públicas y presupuestos orientados a la producción de alimentos sanos, orgánicos y de calidad, en beneficio de la niñez y de las familias yucatecas. Asimismo, llamó a consolidar esquemas de apoyo al sector rural que fortalezcan la autosuficiencia de Yucatán.
Por su parte, el diputado José Julián Bustillos Medina (Morena) destacó que elevar a rango constitucional el derecho a una alimentación nutritiva y de calidad representa un paso sustantivo para consolidar la soberanía alimentaria en el estado.
Consideró que esta medida obliga a orientar las políticas públicas no solo al acceso a los alimentos, sino también a su calidad nutricional, estabilidad en el suministro y sostenibilidad productiva, vinculando directamente este derecho con el fortalecimiento del campo yucateco y el impulso al consumo local.
En el mismo sentido, la diputada Naomi Peniche López (Morena) subrayó que el Congreso tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar integral de la población y celebró los consensos alcanzados para asegurar, desde una perspectiva de derechos humanos, la protección de la salud mental y física, así como el acceso a la alimentación.
