>>>La directora de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas señaló que la respuesta institucional debe ir más allá del ámbito penal y garantizar acompañamiento, restitución de derechos y acceso real a la justicia.
A.R.
MÉRIDA, YUCATÁN, 08/03/2026. —La directora de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) de Yucatán, Celia María Octubre Maldonado Llanes, afirmó que el feminicidio representa la manifestación más extrema de una cadena de violencias de género acumuladas durante años, por lo que su atención requiere un enfoque integral que trascienda la respuesta penal.
Durante su participación en la presentación del Observatorio de Feminicidios para Yucatán, la funcionaria explicó que estos espacios no solo deben generar diagnósticos, sino también impulsar compromisos concretos en materia de justicia y atención a víctimas.
“Creemos que los observatorios no son únicamente espacios de diagnóstico; son también el lugar donde las palabras se convierten en compromisos, y los compromisos se tienen que traducir en actos de justicia”, señaló.
Maldonado Llanes sostuvo que la atención a las víctimas debe basarse en un sistema articulado de acompañamiento y restitución de derechos que permita apoyar a las personas en momentos de alta vulnerabilidad.
“La atención a las víctimas no puede depender únicamente de la respuesta penal; requiere algo más profundo y más humano, un sistema articulado de protección, de acompañamiento y de restitución de derechos”, expresó.
En su intervención, subrayó que el feminicidio no debe entenderse como un hecho aislado, sino como la culminación de procesos prolongados de violencia.
“El feminicidio no es un accidente, no es un arrebato, no es un hecho aislado. Es la expresión más extrema y más mortal de violencias estructurales de género que se acumulan durante años”, afirmó.
Asimismo, señaló que las víctimas enfrentan múltiples obstáculos para acceder a la justicia, particularmente en contextos de marginación o en comunidades indígenas.
“Las víctimas en Yucatán y en todo México enfrentan barreras institucionales, territoriales, culturales y tecnológicas”, indicó, al agregar que las mujeres de pueblos originarios enfrentan además dificultades relacionadas con el idioma y la lejanía geográfica.
La funcionaria también destacó la importancia del protocolo para juzgar casos de feminicidio emitido en 2025 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual reconoce el impacto social de este delito.
“El feminicidio no solo priva de la vida a las víctimas directas; destruye familias, fractura comunidades y evidencia la incapacidad histórica del Estado para proteger a las víctimas”, señaló.
Maldonado Llanes explicó que uno de los retos centrales es garantizar que las instituciones respondan con sensibilidad desde el primer contacto con las víctimas.
“El acceso a la justicia no inicia en el tribunal; inicia en el primer contacto que una víctima tiene con una institución, en el momento en que cruza una puerta y pide ser escuchada”, dijo.
En ese sentido, afirmó que la CEEAV busca ofrecer atención integral que incluya asesoría jurídica, acompañamiento psicosocial y medidas de ayuda inmediata.
“Nuestra primera responsabilidad es reconocer a la víctima como sujeto de derechos, no como un expediente, sino como una persona que merece ser escuchada”, subrayó.
Finalmente, la directora indicó que la reparación del daño debe ir más allá de una compensación económica y enfocarse en la restitución de derechos y la reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas.
“El dinero no restablece la dignidad ni reconstruye el proyecto de vida que fue destruido. La reparación debe ser transformadora y multidimensional”, concluyó
