>>>El legislador consideró que el caso de Acanceh podría convertirse en un punto de referencia para mejorar la normatividad municipal en todo el estado.
A.R.
MÉRIDA, YUCATÁN, 30/03/2026. —En el Congreso de Yucatán fue presentado un proyecto de dictamen para modificar la Ley de Hacienda y la Ley de Ingresos 2026 del municipio de Acanceh, luego de detectarse inconsistencias legales en los documentos aprobados en diciembre pasado, que impedían realizar cobros y pagos de forma adecuada y transparente.
El tema fue analizado en la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, donde se explicó que estas fallas derivan de una confusión en la estructura normativa, ya que la Ley de Ingresos —encargada de estimar recursos— incluía disposiciones propias de la Ley de Hacienda, la cual regula los conceptos de cobro.
Ante ello, el dictamen propone ajustes para fortalecer el marco jurídico municipal, evitar interpretaciones erróneas y brindar mayor certeza tanto a las autoridades como a la ciudadanía sobre los ingresos que puede percibir el ayuntamiento.
Entre los cambios destaca la reorganización de disposiciones dentro de la Ley de Ingresos, así como la incorporación de un apartado de disposiciones administrativas, con el fin de delimitar con mayor precisión los conceptos de cobro, su sustento legal y su correcta aplicación.
Estas adecuaciones buscan también prevenir conflictos administrativos, así como observaciones de órganos fiscalizadores, garantizando que cada instrumento normativo cumpla con su función específica.
Durante el análisis, los diputados Alejandro Cuevas Mena, Germán Quintal Medina y Roger Torres Peniche coincidieron en la necesidad de fortalecer los procesos técnicos en la elaboración de las leyes municipales, así como profesionalizar la asesoría que reciben los ayuntamientos para evitar errores en sus propuestas.
En ese contexto, Cuevas Mena planteó una reforma de mayor alcance para evitar que este tipo de inconsistencias se repitan en otros municipios.
“Sería importante —y ya se trabaja desde la bancada de Morena— impulsar una iniciativa para que todos los ayuntamientos del estado cuenten con su propia Ley de Hacienda”, señaló.
Explicó que actualmente muchos municipios operan bajo una legislación general, lo que ha derivado en prácticas incorrectas al momento de integrar sus leyes de ingresos.
“Actualmente, la mayoría de los municipios se rige por una ley general y, en sus leyes de ingresos, incluyen cobros que no corresponden a ese instrumento, ya que estas disposiciones deben establecerse en la Ley de Hacienda, mientras que los ingresos únicamente son estimaciones”, detalló.
El legislador consideró que el caso de Acanceh podría convertirse en un punto de referencia para mejorar la normatividad municipal en todo el estado.
“Lo ocurrido en el municipio de Acanceh, podría sentar un precedente para que los ayuntamientos contemplen de manera adecuada sus facultades recaudatorias en su propia normativa, tomando en cuenta las particularidades de cada demarcación”, apuntó.
Asimismo, recordó que desde la pasada legislatura se han señalado vacíos en la supervisión del gasto público municipal, particularmente en lo que respecta a los despachos contables.
“En la pasada legislatura se aprobó un punto de acuerdo relacionado con los asesores contables, habría acordado citar a comparecencia al auditor superior del estado, con el fin de revisar el papel de los despachos contables que actualmente no son corresponsables en la comprobación del gasto municipal”, expuso.
Cuevas Mena también mencionó observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, como el caso de Tekax, donde se detectaron irregularidades millonarias.
“Se detectaron irregularidades por más de 190 millones de pesos, entre ellas, destaca la construcción de un mercado que inicialmente tenía un presupuesto cercano a 30 millones de pesos, pero cuyo costo final ascendió a 114 millones”, indicó.
Finalmente, cuestionó los alcances de la Auditoría Superior del Estado, al señalar limitaciones en su actuación frente a recursos de origen federal.
“A pesar de estas observaciones, la Auditoría Superior del Estado ha sido señalada por negarse a investigar bajo el argumento de que se trata de recursos de origen federal, lo que ha generado cuestionamientos sobre los alcances de su actuación en materia de fiscalización”, concluyó.
En paralelo, la Comisión de Derechos Humanos aprobó una reforma a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, con el objetivo de fortalecer su funcionamiento institucional.
Durante la sesión, la presidenta de la comisión, la diputada Ayde Verónica Interián Argüello, explicó que el dictamen contempla la creación de un órgano de control interno con carácter de autoridad garante, encargado de supervisar el desempeño institucional.
Este nuevo órgano tendrá como funciones promover, evaluar y fortalecer el funcionamiento del organismo, así como vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de responsabilidades administrativas, transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
