>>>La diputada Larissa Acosta Escalante denunció omisiones y posibles casos de impunidad, y llamó a garantizar investigaciones ágiles para evitar la revictimización de menores.
A.R.
MÉRIDA, YUCATÁN A 29/04/2026. — Desde la tribuna del Congreso, la representante de Movimiento Ciudadano, Larissa Acosta Escalante, alzó la voz para exigir respeto, atención y seguimiento efectivo a los casos de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en Yucatán.
Durante su intervención, expuso casos recientes que evidencian la gravedad de la problemática, como el de una menor en Celestún, presuntamente agredida por el padre del presidente municipal.
Ssí como el de adolescentes víctimas de violencia digital, cuyas fotografías íntimas fueron difundidas en grupos de mensajería de WhatsApp. La legisladora advirtió que estos hechos reflejan patrones de impunidad y abuso de poder.
Recalcó que en el caso de Celestún “queda en claro lo que pasa cuando el privilegio pretende funcionar como escudo”.
Asimismo, subrayó que estos casos no deben entenderse como situaciones aisladas, sino como señales de una problemática estructural que afecta a las infancias en distintos espacios.
Consideró que historias como las de Celestún y la secundaria de Lindavista “no son hechos aislados: sino advertencias visibles de una violencia que ocurre en secreto, en una casa, en una escuela, o desde un celular”.
En ese sentido, cuestionó el discurso oficial sobre seguridad en la entidad, al señalar que no refleja la realidad de muchas niñas.
“Es la realidad de las niñas en este Estado. No podemos hablar de seguridad como si fuera una cifra limpia. Una paz que no alcanza a las niñas no es paz, una paz donde el 71.4% de las mujeres hemos vivido violencia no es paz: es una vitrina, bonita, limpia, cuidadosamente iluminada pero rota por dentro”, recalcó.
Acosta Escalante hizo un llamado al pleno legislativo para impulsar iniciativas que fortalezcan la protección de niñas, niños y adolescentes, así como garantizar condiciones de seguridad reales.
Finalmente, insistió en la necesidad de que las denuncias y expedientes relacionados con violencia contra menores sean atendidos con celeridad y eficacia, a fin de evitar la revictimización y asegurar la protección integral de las víctimas.
