>>>Conductores denuncian costos impagables, talleres saturados, indemnizaciones insuficientes y meses sin poder trabajar; especialistas advierten vacíos legales y urgen reformar la Ley de Transporte de Yucatán.
Alejandro Ruvalcaba.
MÉRIDA, YUCATÁN, 12/05/2026. —La crisis del transporte público en Yucatán ya no solo se vive entre el tráfico, el desgaste de las unidades o la competencia diaria por conseguir pasaje. Ahora, cientos de taxistas aseguran enfrentar un nuevo enemigo: las pólizas de seguros obligatorias que exige la ley estatal para poder circular.
Durante el foro Seguro de Cobertura Amplia en el Transporte Público Estatal; Fortalezas y Debilidades de los Taxistas, realizado en el Congreso de Yucatán por iniciativa del diputado petista Francisco Rosas Villavicencio, transportistas, abogados, aseguradoras y autoridades expusieron una problemática que, advirtieron, amenaza la estabilidad económica de miles de familias y pone en riesgo la continuidad del servicio público.
El principal reclamo gira en torno al artículo 54 de la Ley de Transporte estatal, que obliga a los concesionarios a contratar exclusivamente pólizas de cobertura amplia.
Para el representante de Taxistas Gavilanes de la Heroica Zací, Bernardo de Jesús Álvarez, esta disposición se ha vuelto financieramente insostenible.
“Actualmente, dicho artículo establece la obligación de contar exclusivamente con una póliza de cobertura amplia para poder prestar el servicio de transporte público. Nuestra petición es que también sea considerada válida la póliza de responsabilidad civil”, planteó.
Explicó que ambas modalidades cubren daños a pasajeros y terceros, pero la cobertura amplia también protege la unidad concesionada, elevando considerablemente los costos.
“No pedimos privilegios, pedimos opciones viables, justas y accesibles para continuar trabajando dentro del marco legal y seguir brindando un servicio digno a la ciudadanía”, sostuvo.
La molestia del gremio no se limita al precio de las pólizas. Los operadores denuncian que, cuando ocurre un accidente, las aseguradoras tardan meses en responder mientras los vehículos permanecen detenidos en talleres.
Luis Aguilar Morales relató que algunos taxistas pasan hasta cuatro meses sin trabajar mientras esperan reparaciones o indemnizaciones.
“La aseguradora te dice, ‘Mete tu vehículo’, estamos hablando de un término de tres, cuatro meses; mientras tanto el usuario se queda sin el servicio y el compañero sin su sustento diario”, denunció.
Incluso expuso un caso donde una unidad declarada pérdida total tardó medio año en recibir pago.
“Nosotros como transportistas pagamos un seguro muy elevado, pero a la hora de pagarnos somos a los que más nos quitan. Nos quitan un 15% por el simple hecho de ser transporte público”, acusó.
Desde Ticul, el transportista Wilder Carrillo Lara advirtió que las condiciones son aún más severas para rutas foráneas.
“Te cuesta 30 mil pesos la póliza y en caso de un accidente, te piden 100 mil pesos… es algo fuera de serie, no lo podemos cumplir”, afirmó.
En medio del debate, especialistas en derecho y seguros coincidieron en que existe confusión legal sobre los alcances reales de las pólizas.
El director de Investigación y Litigación de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, Andrés Valencia, reconoció que, desde la perspectiva ministerial, no existe diferencia sustancial entre cobertura amplia y responsabilidad civil.
“En sí, lo que viene siendo el seguro de cobertura amplia o de responsabilidad civil para efecto ministerial y de resolver el conflicto, pues no hay mayor diferencia”, explicó.
Sin embargo, el titular del Órgano de Evaluación de Desempeño Judicial, José Adalberto Yam Och, advirtió que los jueces ya incluyen criterios más severos para calcular indemnizaciones.
“En el caso de fallecimientos, los jueces incluyen además del pago del monto de la suma asegurada, también que se repare el daño por cuestión de daños morales”, señaló.
El abogado especialista en seguros, Luis Enrique León Gómez, fue directo al señalar que el problema comenzó desde la redacción de la ley.
“Creo yo que es un problema de semántica que se tuvo en la creación de esa ley… no supieron lo que significaba la cobertura”, afirmó.
Por su parte, el agente certificado Arturo Rejón Canabal advirtió que muchas pólizas actuales son insuficientes frente a indemnizaciones reales.
“La indemnización por muerte puede superar los 2 millones de pesos en Yucatán”, alertó.
Ante este panorama, el titular de la Agencia de Transporte de Yucatán, Jacinto Sosa Novelo, anunció la creación de mesas de trabajo para revisar el tema junto al sector transportista.
“Vamos a instalar un grupo de trabajo porque este tema tendrá que madurarse un poquito más”, declaró.
También reveló que más del 60% de la flota estatal ya se encuentra fuera de norma.
“El 60%, poco más del 60% de la flota vehicular, ya está fuera de norma”, reconoció, aunque aclaró que no habrá operativos masivos para retirarlas de circulación.
El foro dejó una conclusión clara: los taxistas no rechazan asegurar sus unidades, pero sí exigen un sistema más justo, flexible y acorde a la realidad económica del transporte público en Yucatán.
