>>> El legislador del PT afirmó que la reforma busca frenar el deterioro financiero del sistema Va y Ven, corregir errores heredados y devolver al Estado el control de un modelo de transporte que —aseguró— operaba con deficiencias, gastos insostenibles y decisiones alejadas de las necesidades reales de la población.
Alejandro Ruvalcaba
MÉRIDA, YUCATÁN, 19/05/2026. —Entre acusaciones de mala planeación, “números rojos” y decisiones alejadas de la realidad de Yucatán, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Francisco Rosas Villavicencio, salió en defensa de la reforma a la Ley de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), al asegurar que el sistema Va y Ven fue heredado con graves problemas financieros y operativos que hoy obligan al Estado a intervenir para evitar su colapso y rescatar el transporte público como un derecho social.
Durante la sesión del Congreso del Estado, el legislador sostuvo que la reforma responde a un diagnóstico realizado al sistema Va y Ven y al subsistema Ie-Tram, donde —aseguró— se detectaron problemas de planeación, crecimiento económico insostenible y falta de viabilidad operativa. El dictamen fue aprobado por mayoría con el respaldo de diputados de Morena, PT y la legisladora sin partido.
“El dictamen puesto hoy a nuestra consideración tiene un objetivo claro: fortalecer y modernizar el sistema de transporte público para mejorar la conectividad, reducir tiempos de traslado y avanzar hacia un modelo más sostenible y justo”, expresó desde tribuna.
Rosas Villavicencio subrayó que el propósito central es otorgar a la ATY herramientas jurídicas que permitan consolidar un sistema digno y accesible para toda la población.
“Buscamos darle a la Agencia de Transporte de Yucatán las herramientas jurídicas necesarias para consolidar un sistema de movilidad digno, accesible, eficiente y humano para todas y todos los yucatecos”, señaló.
Asimismo, insistió en que la movilidad debe entenderse como un derecho y no como un privilegio.
“Esta es una reforma profundamente social, porque entiende que la movilidad no es un privilegio: es un derecho”, afirmó.
CRITICA EL MODELO HEREDADO DEL VA Y VEN
El diputado petista sostuvo que el actual gobierno recibió un sistema con problemas financieros y operativos derivados de malas decisiones administrativas.
“Hay que hablar con claridad del diagnóstico que recibió este gobierno sobre el sistema Va y Ven y el subsistema Ie-Tram: mala planeación, crecimiento insostenible y falta de viabilidad financiera”, declaró.
También cuestionó que, después del proceso electoral, se incrementara el número de unidades sin garantizar suficiencia presupuestal.
“Tras perder las elecciones, se incorporaron más unidades, sin garantizar respaldo presupuestal para sostener el sistema”, indicó.
Aunque reconoció avances en materia de modernización, criticó que varias decisiones técnicas no respondieron a las necesidades reales de las ciudades y municipios.
“Sí, se reconoce el esfuerzo de modernización y la incorporación de unidades más cómodas; pero también hay que decirlo: en muchos casos se tomaron decisiones alejadas de la realidad de nuestras calles y ciudades”, manifestó.
Incluso cuestionó el uso de autobuses de gran tamaño en rutas donde —dijo— existían alternativas más funcionales.
“¿De verdad todas las rutas necesitaban unidades de 12 metros? ¡Claro que no! Había alternativas más funcionales, igual de modernas y más adecuadas para Mérida, Valladolid, Tizimín y otros municipios”, afirmó.
ADVIERTE SOBRE “NÚMEROS ROJOS”
Rosas Villavicencio alertó que el sistema enfrenta una situación financiera delicada, pues los ingresos actuales apenas cubren una parte de los costos operativos.
“El diagnóstico es contundente: de cada peso que ingresa a la ATY, apenas alcanza para cubrir el 41% de los costos operativos. Ese modelo simplemente no podía sostenerse”, enfatizó.
Además, acusó falta de transparencia en el manejo de subsidios y criticó contratos que consideró desventajosos para el Estado.
“También se detectó falta de transparencia en el manejo de la tarifa social para estudiantes y adultos mayores; infraestructura sobredimensionada y un subsistema IE-Tram operando con números rojos”, sostuvo.
Como ejemplo, mencionó el caso del CETRAM del norte de Mérida.
“Pagos anuales de más de 22 millones de pesos, que sumarán más de 333 millones, sin que el inmueble pase siquiera a ser propiedad del Estado”, denunció.
MÁS CONTROL DEL ESTADO Y APOYO A TAXISTAS
El legislador explicó que la reforma redefine el transporte público y su infraestructura como asuntos de utilidad pública y fortalece la capacidad del Estado para intervenir en caso de riesgos para la calidad del servicio.
“La propuesta también regula la figura del rescate, permitiendo que el Estado retome la prestación del servicio cuando la calidad, la continuidad o la seguridad estén en riesgo”, señaló.
También defendió la creación de una nueva Junta Directiva para mejorar la toma de decisiones dentro de la Agencia.
“Se crea una Junta Directiva que permitirá una toma de decisiones más técnica, plural y transparente”, afirmó.
En otro punto, destacó que la reforma incorpora beneficios para el sector taxista mediante cambios al Artículo 54 de la ley, con el objetivo de flexibilizar el requisito de seguros.
“Se modifica el Artículo 54 de la Ley de la Agencia de Transporte para que el requisito sea contar con una póliza de seguro vigente que ampare a las personas y a los bienes, sustituyendo la cobertura amplia que imponía costos excesivos al gremio”, explicó.
Finalmente, Rosas Villavicencio aseguró que la reforma representa una oportunidad para construir un sistema de movilidad más equitativo y accesible.
“Hoy damos un paso importante para rescatar el transporte público como un derecho social y humano; como una herramienta para combatir desigualdades y garantizar que nadie se quede atrás por falta de acceso a una movilidad digna y segura”, concluyó.
PREVIO A LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN: “ACALORADO”
—La discusión de la reforma a la Ley de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) exhibió el choque frontal entre la mayoría legislativa y los bloques de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI, cuyos diputados intentaron frenar el avance del dictamen con señalamientos de supuesta inconstitucionalidad y maniobras dilatorias que finalmente fueron rechazadas por el Pleno.
Durante la sesión, el diputado de Movimiento Ciudadano, Javier Osante, promovió una moción para retirar el dictamen al insistir en que el proyecto violentaba el marco constitucional, postura que fue respaldada por legisladores panistas y priistas.
Sin embargo, la propuesta fue desechada por la mayoría, dejando en evidencia el aislamiento político de una oposición que apostó por el bloqueo parlamentario en lugar de entrar al debate de fondo sobre el futuro del transporte público en Yucatán.
El ambiente subió de tono cuando, durante una modificación presentada desde tribuna por un legislador del PT, el diputado panista Roger Torres Peniche exigió que se repitiera la lectura del ajuste, bajo el argumento de sospechar que podría haberse dicho otra “cosa”, situación que obligó a la secretaria de la Mesa Directiva, María Esther Magadán Alonzo, a volver a leer íntegramente el documento ante el Pleno.
La confrontación escaló aún más cuando el diputado petista Francisco Rosas Villavicencio defendió los cambios a la Ley del ATY y lanzó una crítica directa contra PAN y PRI, a quienes acusó de rasgarse las vestiduras por la supuesta constitucionalidad de la reforma mientras han ignorado resoluciones de mayor relevancia emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Vergüenza nos debería de dar como Congreso, ya van ocho llamadas de atención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atender el derecho al aborto, pero como ahí no hay dinero, no lo defendemos como tal, eso es lo que no debería de dar vergüenza”, ironizó el legislador del PT.
El episodio dejó al descubierto una sesión marcada por acusaciones, desconfianza política y confrontación partidista, donde Morena y sus aliados acusaron a MC, PAN y PRI de intentar frenar una reforma que busca corregir el colapso financiero heredado en el sistema Va y Ven, mientras la oposición centró su estrategia en cuestionamientos jurídicos y procedimientos legislativos.
Para legisladores de la mayoría, la postura de los partidos opositores evidenció una defensa política de un modelo de transporte que —aseguran— operó durante años con deficiencias financieras, contratos cuestionables y decisiones alejadas de las necesidades reales de los usuarios yucatecos.
