A.R.
MÉRIDA, YUCATÁN 24/09/2025. —Las personas que viven con VIH no solo cargan con la enfermedad, también deben resistir la carga invisible de la discriminación, el estigma social y la indiferencia de algunas autoridades. Aún más alarmante: el propio Código Penal de Yucatán contiene disposiciones que perpetúan estas injusticias.
Frente a esta realidad, el Congreso del Estado abrió el foro “De la criminalización del VIH a la prevención”, un espacio para poner sobre la mesa los retos que enfrentan quienes viven con el virus, sin distinción de clase social o apariencia física.
El objetivo es claro y urgente: reformar el artículo 189 del Código Penal, para frenar de una vez por todas los actos de discriminación y desprestigio que siguen marcando la vida de estas personas.
Actualmente, este artículo, habla del peligro de contagio: “a quien sabiendo que está enfermo de un mal venéreo o de alguna enfermedad grave, transmisible en período infectante y de manera dolosa tenga cópula o por cualquier otro medio directo ponga en peligro de contagio la salud de otras personas, se le impondrá prisión de tres meses a tres años y además podrá ser recluido en un hospital”.
Los números de la enfermedad
De acuerdo con el reporte epidemiológico de la Semana 37, emitido por la Secretaría de Salud Federal, en Yucatán se tiene el registro de personas con VIH, en sus cuatro estados clínicos de la enfermedad:
• Primera etapa: 179 hombres y 22 mujeres.
• Segunda etapa: 65 hombres y 4 mujeres.
• Tercera etapa: 81 hombres y 13 mujeres.
• Cuarta etapa: 21 hombres y 4 mujeres; haciendo una suma 346 varones y 43 femeninas, en este 2025.
La diputada Clara Rosales Montiel (Morena) señaló que la reforma busca construir, con información y datos sólidos, una propuesta que actualice un artículo “obsoleto y alejado de la realidad actual”.
En este mismo sentido, la abogada feminista y defensora de los derechos humanos Amelia Ojeda Sosa advirtió que el citado artículo permite que, aunque una persona sea declarada culpable, pueda evadir la cárcel con solo pagar una fianza, reduciendo así a un trámite económico lo que debería ser un acto de justicia.
“El castigo está en el estigma y que te señalen, si te denuncian o se presenta una querella, solamente va a proceder, cuando sean con niñas o con mujeres, pero donde está el castigo realmente es en la exposición social que se pueda tener”, dijo Ojeda Sosa.
Y aunque algunos quieran justificar que “no solo ocurre en Yucatán”, lo cierto es que esta práctica se repite en otros estados y países, replicando un patrón de criminalización y exclusión que sigue negando dignidad a quienes más la necesitan.
