>>> Vestidos de negro y con un paro de labores, empleados se manifestaron en Mérida contra un modelo que, acusan, abre la puerta a decisiones arbitrarias sobre su permanencia, mientras cuestionan que los titulares de los órganos judiciales no enfrenten las mismas condiciones.
Alejandro Ruvalcaba
MÉRIDA, YUCATÁN, 06/11/2026. —La reforma al sistema de evaluación del Poder Judicial de la Federación ya provocó inconformidad entre sus trabajadores en Yucatán. Vestidos de negro, empleados realizaron un paro de labores y protestaron frente al edificio de la institución, en la colonia La Petrolina, en Mérida, al considerar que el nuevo modelo puede convertir una herramienta de evaluación en un mecanismo de presión y amenaza contra su estabilidad laboral.
La movilización dejó en evidencia el rechazo de la base trabajadora a un esquema que, aunque contempla una evaluación diagnóstica para 2026, establece para ejercicios posteriores posibles consecuencias sobre la permanencia en el empleo. Durante la protesta, únicamente operó una unidad de atención para responder a emergencias y asuntos urgentes.
El reclamo no se limita a la aplicación de exámenes o cuestionarios. Los trabajadores cuestionan que parte de su calificación dependa de conceptos como la confianza institucional y las relaciones laborales, aspectos que consideran subjetivos y susceptibles de utilizarse para castigar diferencias o inconformidades con sus superiores.
Mauricio Moo Centurión, oficial judicial, calificó como incongruente que el personal de base enfrente un esquema de evaluación con posibles repercusiones laborales, mientras que los titulares de los órganos jurisdiccionales son revisados bajo condiciones distintas.
“Es para mí una total incongruencia, los titulares quedaron en el puesto, bueno algunos son de carrera otros no, pero contra ellos, no hay alguna consecuencia si existiera alguna falta tal vez, o más bien a ellos no los van a calificar como a nosotros porque la calificación, se siguen haciendo las visitas anuales como se hacían antes con el Consejo de la Judicatura, pero la diferencia de lo que pasa ahora es que, a ellos, al final califican al órgano no califican al juez que se hacen año con año”, señaló.
El oficial judicial insistió en que las revisiones a los titulares no tendrían el mismo alcance que las evaluaciones dirigidas a los empleados de base, quienes advierten que su futuro laboral podría quedar condicionado por criterios que no necesariamente miden su capacidad profesional.
“Tras la visita ordinaria como tal al titular habrá algunas consecuencias, pero no al grado que se nos está poniendo a nosotros como base trabajadora es una total incongruencia porque se supone que es para evaluar a la carrera judicial o la base trabajadora, pero la carrera judicial, pero si nosotros ya no podemos acceder a un puesto de juez o magistrado etcétera, entonces de carrera hablamos”, cuestionó.
En un comunicado conjunto, organizaciones sindicales y agrupaciones de trabajadores del Poder Judicial Federal en Yucatán rechazaron cualquier mecanismo que permita utilizar las evaluaciones como una vía para despedir personal. Aclararon que no se oponen a la capacitación ni a la actualización profesional, sino a que se pretenda condicionar la continuidad laboral mediante valoraciones que, sostienen, pueden depender de apreciaciones personales.
“La estabilidad laboral no puede depender de la simpatía de un superior jerárquico ni de la opinión personal de un compañero”, advirtieron.
Las organizaciones recordaron que durante años el personal ha mantenido en funcionamiento los órganos judiciales, pese a las cargas excesivas de trabajo, la falta de personal y las condiciones operativas que, aseguran, son conocidas por las autoridades. En ese contexto, cuestionaron que se exija un desempeño institucional de excelencia sin atender primero las deficiencias estructurales que enfrentan diariamente juzgados y tribunales.
También señalaron que la evaluación de 2026 será diagnóstica, pero consideraron que esa condición no elimina la preocupación por las disposiciones que contemplan consecuencias en ejercicios posteriores. Por ello, justificaron el paro como una medida preventiva: esperar a que un trabajador pierda su empleo para defender sus derechos, sostuvieron, sería irresponsable.
Entre sus exigencias se encuentran revisar los criterios subjetivos, eliminar las consecuencias punitivas que amenacen la permanencia laboral y establecer programas permanentes de capacitación y profesionalización, acompañados de garantías de transparencia, objetividad y defensa.
El pronunciamiento también puso sobre la mesa una contradicción que los trabajadores atribuyen a las autoridades: exigir mejores resultados sin garantizar suficientes juzgados y tribunales, una distribución razonable de las cargas laborales, herramientas adecuadas ni condiciones dignas.
Aunque manifestaron que mantienen abierta la disposición al diálogo, dejaron claro que no aceptarán acuerdos que impliquen renunciar a sus derechos adquiridos. “El empleo de una compañera no puede convertirse en el precio de una reforma administrativa”, afirmaron.
La protesta en Mérida exhibió así un conflicto que va más allá de una inconformidad administrativa: la base trabajadora exige que la evaluación sea un instrumento para mejorar el servicio de justicia y no una amenaza sobre el sustento de quienes lo mantienen en operación.
