>>> La diputada de Morena presentó una iniciativa en el Congreso de Yucatán, elaborada con organizaciones civiles para fortalecer la libertad de expresión, la protesta pacífica y la defensa de los derechos humanos; también plantea ampliar las atribuciones de la Codhey para vigilar la actuación de las autoridades durante manifestaciones.
Alejandro Ruvalcaba.
MÉRIDA, YUCATÁN, 21/10/2026. —La eliminación de los delitos de difamación e injuria del Código Penal de Yucatán, así como el fortalecimiento de las garantías para ejercer la libertad de expresión y manifestarse pacíficamente, forman parte de una iniciativa presentada en el Congreso de Yucatán por la diputada de Morena, Clara Paola Rosales Montiel, con la participación de organizaciones civiles y colectivos.
Al presentar la propuesta en tribuna, la legisladora sostuvo que las leyes deben construirse a partir de las experiencias de quienes enfrentan problemas en sus comunidades y trabajan en la defensa de sus derechos.
“Porque las mejores leyes se construyen escuchando a quienes conocen los problemas y se organizan para encontrar soluciones”, expresó.
La iniciativa, explicó, surgió del trabajo conjunto con Amnistía Internacional México, Kanan Derechos Humanos, Somos Periodistas, Igualdad Sustantiva Yucatán y Reflexión y Acción Feminista, organizaciones a las que reconoció por impulsar medidas para proteger las libertades fundamentales.
Rosales Montiel afirmó que decidió respaldar la propuesta porque la libertad de expresión permite denunciar injusticias, defender otros derechos y promover cambios sociales.
“Decidí respaldar esta iniciativa porque la libertad de expresión no solo es un derecho fundamental, sino también una herramienta para defender otros derechos, denunciar injusticias y transformar nuestra realidad”, señaló.

Plantean eliminar difamación e injuria
Entre los principales cambios propuestos se encuentra la derogación de los delitos contra el honor de difamación e injuria del Código Penal estatal, con el objetivo de evitar que se utilicen sanciones penales contra opiniones, críticas o expresiones.
La diputada recordó que estos delitos fueron derogados del Código Penal Federal en 2007 y consideró necesario avanzar en Yucatán para armonizar la legislación estatal con esa evolución normativa.
La iniciativa también plantea modificaciones al Código Civil, la Ley de Tránsito y Vialidad y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).
En este último caso, busca fortalecer la protección de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación pacífica, además de ampliar las atribuciones de la comisión para vigilar la actuación de las autoridades y contribuir a garantizar los derechos de las personas durante las manifestaciones.
Recuerda casos de Sitilpech e Ixil
Como parte de los argumentos para impulsar la propuesta, Rosales Montiel recordó las movilizaciones de 2023 en las comunidades mayas de Sitilpech e Ixil, donde habitantes alzaron la voz para defender su territorio, el agua y sus derechos.
En ese contexto, señaló que se denunciaron actuaciones de la fuerza policial y que algunas de las personas involucradas enfrentaron denuncias penales.

“Estos casos nos recuerdan la importancia de garantizar que quienes defienden sus derechos puedan hacerlo sin temor a ser criminalizados”, manifestó.
La legisladora sostuvo que la libertad de expresión debe proteger también a quienes cuestionan las decisiones de las autoridades, así como a las comunidades, mujeres, jóvenes y periodistas que denuncian situaciones que consideran injustas.
“La libertad de expresión no solo protege las opiniones con las que estamos de acuerdo; también protege las voces que cuestionan las decisiones de las autoridades y defienden los derechos de sus comunidades”, afirmó.
Reconoce antecedentes de periodistas
Rosales Montiel también reconoció que la iniciativa tiene antecedentes en las demandas de periodistas de Yucatán, quienes durante la legislatura anterior solicitaron eliminar los delitos de difamación, injurias y calumnias al considerar que podían utilizarse como mecanismos de censura y criminalización de la libertad de expresión.
Y reconoció a los periodistas ItzelChan, Cecilia Abreu, Astrid Sánchez, Alejandro Rubalcaba, Edwin Farfán,
Guillermo Castillo, Lilia Balam, Ricardo, Cervantes, Herbeth Escalante y Javier Escalante.
Asimismo, mencionó una propuesta presentada en la sesión anterior por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que, según expuso, recoge planteamientos de comunicadoras y comunicadores.

La diputada consideró que las distintas iniciativas pueden complementarse mediante el diálogo y la construcción de acuerdos, con el propósito de atender una demanda que, dijo, ha sido impulsada durante años por periodistas, organizaciones civiles y personas defensoras de derechos humanos.
La propuesta deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente para determinar si las modificaciones planteadas se incorporan al marco jurídico estatal.